El afiche emula a una foto familiar: hay tres figuras, en el centro está la madre abrazando y sonriendo feliz a su hija; relegado a un costado, el padre sufre el paso sobre su rostro de una goma escolar. “En la Argentina no existe la ley de tenencia compartida. En la mayoría de los casos, el juez otorga la tenencia de los hijos a la madre”. Así, desde el minuto 0, Borrando a papá enuncia lo que se verá durante algo más de una hora en pantalla: una serie de denuncias persistentemente promovidas por ONGs como Apadeshi o Padres del Obelisco, que aglutinan a decenas de hombres que denuncian el impedimento de ver a sus hijos.

El polémico film, que verá la luz el 2 de octubre pero ya agita polémica, se presenta públicamente como una recopilación que denuncia la obstrucción de los vínculos entre padres e hijos que, en procesos de divorcios conflictivos, se enfrentan a un sistema que considera al padre “peligroso” y un accesorio prescindible en la crianza de los hijos. “Somos víctimas de un sistema que nos enfrenta a la aparente culpabilidad de ser hombres”, sentenció, en diálogo con Veintitrés, Gabriel Balanovsky, productor del film y pareja de una de las directoras. “Yo fui separado de mi hija. Su madre me denunció por violencia y mi hija fue una niña obstruida porque por más de un año no pude verla. Un día me cansé de esa situación, fui al colegio y me la llevé unos días”, relata Balanovsky sin ponerse colorado porque esos “días” fueron más de un año, según las crónicas de 2001. La Justicia lo acusó por sustracción de menor, intervino los teléfonos de sus padres y logró dar con la niña antes de que su padre viajara a Israel, tal como tenía planeado. Cuatro años después fue sobreseído por considerarse que ejerció el derecho de la patria potestad –compartido con su ex mujer– aunque Ana, su hija ahora mayor de edad, no ha intentado entablar vínculo con él.

“Lo peligroso de esto es que por medio de unas historias muy conmovedoras pretenden imponer en el imaginario que la violencia de género no existe, cuando en este país muere una mujer cada 30 horas. La lucha que significó para esas esposas defender a sus hijos de abusos y violencia no va a caer porque esta gente cuente una historia cambiada, aunque jamás pediría que censuren la película”, sentencia Liliana Hendel, psicóloga especializada en temáticas de género y una de las voces del documental. Ahora confiesa que nadie le informó de qué se trataba y que ha dejado el tema en manos de sus abogados. “Pretenden decir que las ONG que hemos trabajado en defensa de los derechos de los niños lucramos, cuando no han sido fáciles todos estos años de pelea contra una legislación hecha por hombres”, dice María Beatriz Müller, directora de Salud Activa. En la volteada caerían los centros de revinculación, abogados y psicólogos, jueces y hasta la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. Para eso, el film se vale de seis casos de padres: Héctor, Yura, Claudio, Guillermo, Diego y Sergio. “Se nos estigmatiza como padres presuponiendo que las denuncias de nuestras ex mujeres son ciertas solo porque somos hombres, con el agravante de que ellas se quedan con los niños y les lavan el cerebro”, insiste Balanovsky.

El polémico film, que verá la luz el 2 de octubre pero ya agita polémica, se presenta públicamente como una recopilación que denuncia la obstrucción de los vínculos entre padres e hijos

En otra de las polémicas en torno a la película, sin nombrarlo, se hace referencia al síndrome de alienación parental (SAP), que si bien aplica en otros países como Brasil, en el nuestro no tiene legitimidad. Hendel aporta: “Los niños no mienten y esto no es un invento de Jorge Corsi –como este grupo sugiere–. Los especialistas analizan el comportamiento de estos chicos cuyas madres denuncian; sus sueños, los juegos y los dibujos que hacen sirven para determinar el nivel de certeza, no la especulación que este documental pretende”.

Un generoso espacio le dedica Borrando a papá al psicólogo encarcelado por pedofilia, Jorge Corsi. Según relata, fue Corsi quien desarrolló la primera institución de formación sobre violencia de género para especialistas. El documental asegura que en la Argentina y varios países se aplica el “Método Corsi”, algo que Müller desestima: “Fue un especialista que formó profesionales, pero de ninguna manera inventó nada ni implantó un sistema propio. Pero en este país nadie va preso por mentir”.

“Todos tienen denuncias, y algunos, como Claudio Barone, sentencia firme. En el caso de Yura –un ruso casado y separado en la Argentina–, él ya había preparado los papeles para llevarse a su hija a Rusia”, explica Hendel. Según el último informe de la OVD, de 50 mil denuncias recibidas, ninguna fue desestimada por falsa. Aunque eso no indica necesariamente que no las haya. “No te voy a negar que exista alguna malvada que le niegue los hijos al papá, pero eso es maltrato infantil, no SAP. En todo caso, debemos apuntar a que la Justicia analice y trabaje prolijamente sobre las particularidades”, concluye Müller. Todos los caminos conducen a la Justicia, a la mala administración, a los tiempos lentos de algunos juzgados de familia que no se condicen con lo que dictan las normas. Y, claro, no privilegian el bien fundamental de los niños y niñas.

Para sumar más leña al fuego, esta semana la Asociación de Documentalistas de Argentina (DOCA) decidió desvincular a la directoras Ginger Gentile y Sandra Fernández Ferreira y a Balanovsky porque, según indicaron desde el organismo, “su actitud de victimizarse en los medios por una prohibición que nunca se hizo efectiva, mentir descaradamente sobre las circunstancias del caso y desconocer la defensa que DOCA hizo de su película frente al Incaa no son más que parte de una estrategia publicitaria en la cual trataron de involucrar a DOCA”. El comunicado insiste en que la fecha de estreno siempre existió y nunca hubo censura sino que la directora y el productor adujeron eso y se negaron a la proyección del film para avivar las llamas de la prensa. Algún efecto lograron. Los organismos insisten en que nunca pidieron censurar Borrando a papá, sino que el Incaa –que lo subvencionó– no favoreció su promoción.

Se trata siempre de una puja de derechos en tensión: el del padre a no ser acusado –y desvinculado de sus hijos– si es inocente, y el de los niños y sus madres, a ser escuchados cuando denuncian violencia. ¿Cómo impartir ese derecho? En el caso de que a los padres se les borrara la frontera que debería marcar la búsqueda de bienestar de su hijo, la Justicia debería funcionar como garante, favoreciendo la existencia de un sistema aceitado para atender las particularidades de cada caso, algo que, por ahora, no parece tan posible. Como ese afiche, en el que una niña que se supone víctima de violencia doméstica, ríe.