Denuncias de represión a los indígenas por parte de la Policía, vuelos internacionales y locales cancelados, cortes de rutas y calles, el centro de Quito copado por manifestantes y sitiado por fuerzas de seguridad, pozos petroleros paralizados y una advertencia de las Fuerzas Armadas sobre el “serio riesgo” en que está la democracia son algunos datos del complejo cuadro de Ecuador.
Aunque las chances de diálogo entre Gobierno y manifestantes parecían congeladas y, más aun, las posturas de las dos partes radicalizadas, un llamado de una Comisión Convocante –que reúne a unas 300 organizaciones de la sociedad civil- podría destrabar la posibilidad de negociaciones.
Por lo pronto, el noveno día de manifestaciones y bloqueos trajo nuevos enfrentamientos entre indígenas, estudiantes y trabajadores con la Policía y la advertencia del ministro de Defensa, Luis Lara, acerca de que la democracia está en "serio riesgo" y el aviso de que las FFAA “no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes”.
Todo se dio apenas horas después de que el presidente Guillermo Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias –antes eran tres- con miras a sacar de las calles al movimiento aborigen, que desde hace nueve días mantiene paralizadas varias zonas del país.
"Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia (...) para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes", enfatizó Lara, escoltado por la plana mayor de las Fuerzas Armadas.
El nuevo decreto de Lasso, que también tendrá una duración de 30 días, afecta a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha -donde está Quito-, Pastaza e Imbabura, donde "se concentra la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas", según el comunicado de la Presidencia.
Lasso se anticipó a una sesión de la Asamblea Nacional que planeaba discutir una moción para derogar la anterior medida, a la que algunos grupos se oponían.
Sin embargo, al derogar la medida y ordenar una nueva muy similar, la asamblea no se pudo sentar a debatir y Lasso obtuvo tiempo para mantener la medida restrictiva.
Según el diario ecuatoriano El Comercio, la bancada del movimiento indígena Pachakutik (72) -brazo político de la Conaie- junto al grupo que responde al expresidente Rafael Correa (6) y otros disidentes de la Izquierda Democrática juntaban 80 votos para eliminar el estado de excepción, 10 más que la mayoría absoluta.
Antes, miles de manifestantes indígenas de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, entre otras, habían llegado a Quito como parte de las acciones del paro nacional que demanda el cumplimiento de diez puntos de un manifiesto que impulsa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Este martes, miles de indígenas bloquearon una importante vía de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos.
Ya de madrugada se había dado un enfrentamiento con la fuerza pública en el sector de El Trébol y el centro de Quito, cuando los manifestantes buscaban llegar hasta la Universidad Salesiana y dormir ahí para continuar con las acciones.
Al salir de la Universidad con la idea de llegar a Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad, volvieron los choques.
Para frenar ese avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.
La Casa de la Cultura fue tradicionalmente el lugar que acoge a indígenas que protestan contra los gobiernos de turno.
