En un reciente informe de 17 páginas presentado en Ginebra, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expone serios cuestionamientos hacia el Gobierno argentino de Javier Milei. Se subraya la “reducción de partidas presupuestarias para la infancia” y la “desinversión en salud y educación durante los últimos meses”. Estas decisiones impactan gravemente en el bienestar de los niños y adolescentes.
Además, el documento critica el cierre y la reestructuración de ministerios y secretarías encargadas de proteger los derechos de los niños, sugiriendo que su reemplazo por organismos de menor jerarquía afecta la atención y protección de este grupo vulnerable.
Aumento de la pobreza infantil
Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité, enfatizó la magnitud del problema al señalar que “siete de cada diez niños en la Argentina viven en la pobreza” y que el 14% de ellos se encuentra en situación de pobreza extrema. Con más de siete millones de niños en esta condición, Idrissi cuestionó: “¿Qué medidas se han adoptado para abordar esta crisis?”.
El informe del Gobierno argentino, aunque reconoce algunos logros, atribuye el avance en la reducción de la mortalidad neonatal a la administración anterior, destacando una disminución del 50% respecto a 2002. En cuanto a las respuestas actuales, el informe menciona un incremento del 3% en términos reales de la asignación universal para el cuidado de los niños entre 2023 y 2024.
Preocupaciones institucionales
El Comité expresó su “seria preocupación” por “los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023” y el impacto que estos pueden tener en la protección de los derechos de los niños. La fusión y eliminación de ministerios, junto con el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía, generan alarma.
El informe concluye con una recomendación urgente: “Argentina debe aumentar las asignaciones presupuestarias para los niños”. Esta llamada a la acción resalta la necesidad de priorizar la inversión en la infancia y revertir la tendencia negativa en la protección de sus derechos.
