Con una pequeña ayudita de sus amigos del PRO, la UCR, partidos provinciales y dos legisladores de Unión por la Patria, el gobierno de Javier Milei y las mineras consiguieron su ansiada modificación de la Ley de Glaciares.
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La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves la controvertida reforma de la Ley de Glaciares. Con 137 votos a favor, el oficialismo y sus aliados lograron imponer un texto que reduce los niveles de protección ambiental para favorecer la actividad extractiva.
Represión en Mendoza
Mientras en Buenos Aires se sellaba la votación, en las calles de Mendoza se vivieron escenas de violencia cuando las fuerzas de seguridad de Alfredo Cornejo reprimieron a manifestantes que se concentraban en defensa de las fuentes de agua, dejando un saldo de varios heridos y detenidos.
El operativo policial en la capital mendocina, desplegado en las inmediaciones de la Legislatura y sobre arterias clave como la calle Belgrano, se caracterizó por una dureza desmedida, aunque similar a la registrada en otras movilizaciones en la provincia.
Según reportaron medios locales y la Asamblea por el Agua, los efectivos hicieron uso de gas pimienta y balas de goma para dispersar a quienes participaban de la marcha de antorchas.
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La represión no distinguió entre manifestantes autoconvocados y trabajadores de prensa, resultando en la detención de activistas y periodistas que fueron trasladados al Polo Judicial bajo cargos de resistencia a la autoridad.
La raíz del conflicto radica en las modificaciones técnicas introducidas a la Ley 26.639. El nuevo marco legal restringe la protección periglacial únicamente a aquellos cuerpos de hielo que tengan una "función hídrica efectiva y relevante", un criterio que, según expertos del IANIGLA y organizaciones ambientales, deja desprotegidas a miles de hectáreas de suelos congelados que regulan los caudales de los ríos.
Para las asambleas mendocinas, este cambio representa un "retroceso irreversible" y un "traje a medida" para reactivar proyectos de megaminería en zonas que hasta hoy estaban vedadas por el inventario nacional.
La resistencia en Mendoza se ha nucleado bajo la denominada "Gesta Libertadora por el Agua", una movilización permanente que une a distintos departamentos en un reclamo histórico. Los manifestantes denuncian que la reforma vulnera el principio de no regresión ambiental, un estándar internacional que impide dictar leyes que otorguen menos protección que la ya existente.
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"Están legislando contra el elemento que representa el origen de la vida en nuestro desierto", expresaron las asambleas a través de un documento consensuado que advierte sobre el colapso hídrico en un contexto de cambio climático acelerado.
Según se denunció, muchos efectivos policiales actuaron sin identificación visible, lo que generó denuncias por parte de organismos de derechos humanos y el Sindicato de Prensa local.
Detenidos
La situación de los detenidos, entre los que se cuentan referentes de asambleas de San Rafael y el Gran Mendoza, generó vigilias espontáneas frente a las comisarías durante la madrugada.
Familiares y abogados denunciaron irregularidades en el acceso a la defensa y la falta de información clara sobre el estado de salud de los apresados.
La Asociación de Abogados Ambientalistas y diversas ONG ya preparan presentaciones por inconstitucionalidad, buscando frenar la aplicación de la nueva normativa mediante medidas cautelares.
