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El Gobierno peruano justificó la violenta represión en la Universidad en Lima

La Universidad exige la libertad de los detenidos y la exclusión de cualquier imputación penal, mientras que el ministro del Interior niega que haya habido ilegalidad en la represión.

El ministro del Interior, Vicente Romero, justificó la represión por parte de las fuerzas de seguridad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que se dio el sábado 21 de enero. "Ha estado justificada de acuerdo a ley", declaró el ministro, a pesar de las fuertes acusaciones de que el accionar no cumplió con los procedimientos legales.

La UNMSM emitió un comunicado este domingo explicando los hechos, en el que las autoridades dejan constancia de que las oficinas de Asesoría Legal y de Seguridad de la universidad habían realizado una denuncia por agresiones. Allí aclaran: "(...) un reducido grupo de estudiantes, en colaboración con algunos manifestantes, redujeron, violentamente, al personal de seguridad y tomaron todas las puertas; arrebatándoles los equipos de radio y ocasionando además daños en las cámaras de vigilancia".

"En la denuncia, se solicitó, ÚNICAMENTE, la liberación de las puertas tomadas; sin embargo, el sábado 21 de enero, la Policía Nacional del Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente", aclararon en el comunicado. 

"He pedido un informe pormenorizado de la intervención, pero sí ha estado justificada de acuerdo a ley", indicó por su parte el ministro del Interior en una entrevista realizada el domingo pasado, en la que matizó que, si hay algún incumplimiento, se establecerán los responsables. Así lo informó la agencia de noticias Europa Press.

Romero justificó el accionar policial con que tuvo lugar en el marco del "estado de emergencia", por lo que "no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención".

"Había flagrancia y estado de emergencia, cuando hay flagrancia interviene inmediatamente la Policía Nacional, cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía", señaló el titular de Interior.

Sin embargo, las delegaciones de manifestantes llegados desde distintas partes de Perú para participar en la denominada "Toma de Lima", en el marco de las protestas para exigir la renuncia de Boluarte, tenían permiso para pasar una noche en las inmediaciones del edificio. Además, durante la represión se golpeó a residentes y se dañó la infraestructura educativa. El argumento de la existencia de "flagrancia" del ministro no parece tener cabida en el desarrollo de la secuencia: flagrancia es sorprender a la persona autora de un delito cuando lo está cometiendo.

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Unos 400 policías antidisturbios apoyados por fuerzas especiales irrumpieron el sábado con tanquetas tumbando una de las puertas de acceso a la Universidad de San Marcos. Hubo disparos y lanzamiento de gas lacrimógeno pese a no encontrar resistencia, según testimonios recogidos por la prensa peruana.

Para ingresar, las fuerzas de seguridad rompieron la enorme reja con un vehículo antimotines y detuvieron a decenas de manifestantes y estudiantes que dormían desde hace varios días en el lugar.

El fiscal superior peruano Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, confirmó que fueron 205 las personas detenidas durante la intervención de la Policía en el recinto universitario, según recoge la emisora RPP.

Según dijo la universidad en un comunicado, la Policía actuó "de oficio" porque los manifestantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves.

Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en Lima en protestas que en algunos casos derivaron en represión cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.

Para Romero, el trabajo de la Policía durante estos días de manifestaciones antigubernamentales en Perú ha sido "excepcional", al tiempo que ha opinado que la marcha multitudinaria de la semana pasada -conocida como Toma de Lima- fue un fracaso.

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La represión policial frente a las protestas deja hasta el momento 46 muertos, 45 manifestantes y un policía, desde que estallaron en diciembre, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.

Además, otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.

 

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