Extraño derrotero el que viene recorriendo el actual senador nacional por Río Negro Alberto Weretilneck. Exaliado del kirchnerismo y actual legislador nacional por su partido Juntos por Río Negro, el exgobernador provincial pasó en solo dos años de apoyar el proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a oponerse con pretensiones tales como que una mujer violada no pueda abortar luego de las primeras 22 semanas de gestación.
En 2018, cuando todavía ejercía la gobernación de Río Negro (luego de haber sido vice de Carlos Soria, quien poco después de asumir fue asesinado por su esposa), un Weretilneck que estaba en buena sintonía con Cambiemos se ubicaba entre los que apoyaban el proyecto y señalaba que las trabas podían aparecer "en el Senado, teniendo en cuenta que en el Norte son más conservadores".
Pasaron solo dos años de aquella declaración progresista y respetuosa del derecho de las mujeres sobre sus cuerpos. Sin embargo, estos escasos 24 meses parecen haber producido un cambio radical en el exgobernador y actual senador que el 29 de este mes deberá legislar sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El exmandatario mantiene por estos días una relación de cercanía pero también tensión con el Frente de Todos y, quizá por ello (o porque en 2018 sintonizaba con un Macri al que creía pro-aborto legal) amenaza con abstenerse y no acompañar el proyecto oficial.
El ex "abortero" hoy milita las peores pretensiones de los senadores "percha". Al menos así lo señalaron fuentes de su entorno político, quienes apuntaron que "se abstendría si no modifican el proyecto".
A través de una misiva enviada al titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el radical Mario Fiad, Weretilneck planteó varios puntos que pretende que sean modificados. Entre ellos se ubica que los abortos en mayores de 13 años embarazadas por una violación se limiten a la semana 22 de gestación.
Por si fuera poco, al igual que otros legisladores antiderechos, Weretilneck reclama que se modifique la redacción que establece que se permite el aborto después de la semana 14 cuando estuviera en peligro la vida de la persona embarazada.
También pide que la persona gestante no tenga total autonomía de su voluntad al momento de acercarse a un centro de salud para ejercitar su derecho a interrumpir un embarazo. Según el senador, esa posibilidad "llevaría a los médicos a tener que acceder a las prácticas médicas que la mujer decide, sin participar de la misma, pero cargando con las consecuencias del tratamiento defectuoso, incluso con la posibilidad de incurrir en mala praxis".
"Claramente que la persona gestante participa activamente de la decisión del tratamiento, pero éste no puede ser un derecho absoluto, del cual el profesional médico no participa", remarcó.
