Amnistía Internacional presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro con el objetivo de frenar la aplicación de un protocolo local que obstaculiza el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE).
La organización de derechos humanos con oficina en nuestro país denuncia que esta normativa municipal incumple de forma directa la Ley Nacional 27.610, transformando un derecho consagrado por el Congreso en un circuito complejo y lleno de barreras burocráticas para las mujeres y personas gestantes.
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De acuerdo con la presentación judicial, el protocolo objetado impone exigencias que no están previstas en la legislación nacional. Entre las principales irregularidades se detallan la obligatoriedad de realizar consultas psicológicas y con el servicio social, la exigencia de ratificar decisiones ya manifestadas, el manejo indebido de datos personales y la vulneración del secreto médico-paciente. Asimismo, la norma local altera el cómputo del plazo legal de 10 días y prohíbe atender estos casos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), concentrando la práctica exclusivamente en el Hospital Materno Infantil, lo que representaría una "objeción de conciencia institucional" encubierta.
La organización internacional también advirtió que el protocolo coloca en una situación de grave vulnerabilidad jurídica a los propios profesionales de la salud del municipio. Dado que la Ley 27.610 introdujo reformas en el Código Penal que sancionan penalmente a quienes dilaten, obstaculicen o se nieguen a practicar un aborto legal, la aplicación de directivas municipales contrarias a la norma federal podría comprometer seriamente la responsabilidad penal de los médicos y administrativos intervinientes.
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Al respecto, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó su profunda preocupación ante lo que considera un claro avasallamiento institucional: “Lo que ocurre en San Isidro da cuenta de un alarmante retroceso. Desde la asunción de las nuevas autoridades municipales hemos observado un agravamiento de las barreras para acceder al aborto legal”. La directiva enfatizó que ninguna intendencia tiene la facultad de reescribrir leyes nacionales ni imponer trabas adicionales para el ejercicio de derechos fundamentales.
La acción ante los tribunales responde a un patrón sostenido de obstrucción que la entidad viene documentando exhaustivamente en el distrito bonaerense. Durante los años 2024 y 2025, el organismo recopiló numerosos testimonios de mujeres que reportaron maltratos, comentarios moralizantes y la intervención de personas ajenas al sistema de salud en el Hospital Materno Infantil. Incluso se denunciaron hostigamientos telefónicos insistentes posteriores a las intervenciones, lo que encendió las alarmas sobre el uso indebido y la falta de confidencialidad en el manejo de las historias clínicas.
Lejos de corregirse, la situación se profundizó durante el transcurso de 2026 a través de un esquema de persecución laboral interna. Amnistía Internacional constató que las barreras de acceso persisten y, además, relevó testimonios de profesionales de la salud locales que manifestaron haber sufrido fuertes presiones, amenazas y apercibimientos laborales por parte de las autoridades sanitarias para obligarlos a declararse objetores de conciencia, vulnerando de esta manera sus derechos laborales fundamentales.
El protocolo restrictivo salió a la luz inicialmente gracias a una investigación periodística de la cadena CNN, tras lo cual el municipio mantuvo una estricta opacidad. Ante la negativa de las autoridades de responder a los reiterados pedidos de acceso a la información pública, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 2 de San Isidro ordenó formalmente exhibir la documentación, confirmándose la existencia de esta directiva oculta que, según Amnistía, desprotege a los pacientes y deja tanto a las usuarias como a los equipos médicos expuestos a prácticas ilegales.
