Fuerte reclamo por un mar limpio de petróleo a un año del Atlanticazo

"A espaldas del pueblo se tejieron acuerdos bochornosos entre el Gobierno, las corporaciones petroleras, grupos de empresarios locales, las burocracias sindicales, los medios de comunicación hegemónicos y la corporación judicial para avanzar en la entrega del mar y de los territorios costeros". La denuncia -fuerte y clara- es realizada por la Asamblea Mar Libre de Petroleras que, desde hace exactamente un año, protesta todos los días 4 del mes pidiendo que se frene el fracking y extractivismo petrolero.

Las personas que defienden a las ciudades e interponen el cuidado ambiental por sobre los negocios aclaran que "con los recursos del Estado han desplegado una fuerte propaganda pro petrolera para intentar convencernos de los supuestos beneficios de instalar la industria petrolera en nuestra región". "Con este plan ecocida pretenden transformar a nuestros territorios en nuevas zonas de sacrificio al servicio de un capitalismo global en decadencia, ávido de 'recursos materiales y energéticos', necesarios para su propio sostenimiento".

Por todo ello, a un año del primer y multitudinario Atlanticazo, este miércoles 4 de enero a las 19 horas "las comunidades costeras volvemos a manifestar nuestro rotundo rechazo al proyecto petrolero costa afuera que el gobierno insiste en imponernos". Porque, tal como lo aclaran mediante un comunicado oficial, "hemos realizado numerosas acciones de difusión y resistencia de manera autogestiva y a pulmón, para hacer visible el verdadero rostro de la explotación petrolera offshore. Con marchas, volanteadas, festivales, artivismo, muraleadas y mucho tiempo puesto en la defensa del mar, venimos demostrando que el extractivismo petrolero no tiene licencia social".

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¿Cuáles son las promesas de quienes impulsan este ecocidio? El "desarrollo y derrame económico local" traducido en "miles de puestos de trabajo, petrodólares para todxs y control ambiental del Estado". Pero, ¿cuál es la realidad? La explotación petrolera offshore es una actividad altamente costosa, riesgosa y contaminante a partir de la cual se van a generar daños irreparables en el ecosistema marino y en nuestro territorio costero.

"Denunciamos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se convirtió en Ministerio de Entrega del Ambiente y Desarrollo inSostenible de la Nación, ya que lejos de cumplir su función de resguardar el ambiente y los bienes comunes, es otra dependencia estatal al servicio de las corporaciones extractivistas. Sus funcionarios, con Juan Cabandié a la cabeza, garantizan las Declaraciones de Impacto Ambiental que necesitan las empresas para realizar sus proyectos ecocidas. Por eso, el 30 de diciembre de 2021 autorizaron la Campaña de Exploración Sísmica en los bloques CAN 100, 108 y 114 de la petrolera Equinor (Resolución 436/21). Y el 7 de diciembre de 2022, con la distracción del mundial de fútbol mediante, autorizaron el proyecto "Pozo exploratorio, Argerich, CAN 100" de la misma empresa noruega (Resolución 19/22)", fustigan desde la Asamblea.

Y plantean: "Los supuestos controles ambientales que debe realizar el MAyDS no existen y no van a existir a 300 km de la costa. Son numerosos los derrames e “incidentes ambientales” provocados por estas mismas empresas en la explotación petrolera convencional y no convencional, no sólo en nuestro país. El daño provocado sobre los ecosistemas y las poblaciones cercanas no es mitigable ni remediable".

Por otro lado, rechazan "las falsas consultas públicas realizadas por el MAyDS. Tanto las Consultas Tempranas como las Audiencias Públicas virtuales y no vinculantes, lejos de ser un mecanismo de participación y decisión de la comunidad, se utilizan como instrumento administrativo para avalar la entrega de los bienes comunes, incumpliendo el Acuerdo de Escazú. Sostenemos la decisión de seguir resistiendo en la calle y también con acciones judiciales, en unidad con todos los territorios que resisten a la voracidad extractivista. No daremos marcha atrás en la defensa del mar, porque si la industria petrolera se instala lo único que se va a derramar es contaminación ambiental e injusticia social".

La denuncia es hoy: -A las corporaciones petroleras que siguen arrasando territorios y bienes comunes, destruyendo ecosistemas y despojando comunidades.

-Al gobierno nacional por imponernos un proyecto que fue rechazado reiteradamente por las comunidades.

-Al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al intendente Montenegro y a todo el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, por avalar la instalación del proyecto petrolero en nuestro territorio.

-Al Ministro de Ambiente y Desarrollo inSostenible, Juan Cabandie y a la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, por ser el eslabón estatal que dio luz verde al proyecto petrolero que implica el saqueo y la contaminación de nuestro mar, y la profundización de la matriz energética fósil responsable de la crisis climática y ecosistémica que se vive en todo el planeta.

-A los jueces camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, porque al dejar sin efecto la medida cautelar que protegía el mar se convirtieron en partícipes necesarios del ecocidio. Quienes además calificaron la lucha de las comunidades como "fascismo ambiental", mostrando su falta de objetividad al momento de impartir “justicia”.

-A las burocracias sindicales al frente de instituciones gremiales locales como CGT y SIMAPE y al Cluster de Energía y demás consorcios empresariales, que han sido parte de este entramado corporativo pro petrolero.

-A aquellos sectores de la ciencia que, por acción u omisión han avalado la instalación de la industria petrolera en nuestra ciudad.

-A los medios de comunicación hegemónicos que, sostenidamente silencian la lucha de las comunidades costeras y sólo hacen visibles las falsas promesas de trabajo y desarrollo.

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