El Gobierno avanzó formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) al habilitar por decreto la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago, uno de los anzuelos que utilizaron para atraer interesados.
Los nuevos pasos del Ejecutivo para desprenderse de la compañía se encuadran en la
reforma del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, donde se establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.
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Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De esta manera, quedó permitida oficialmente la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Asimismo, se agregaron una serie de nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes:
- Podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora.
- Contará con amplias facultades para revisar y auditar, desde el punto de vista técnico, todas las obras que se ejecuten dentro del área regulada.
- Podrá constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento destinado a la prestación del servicio público.
Con la reforma del marco normativo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica.
En este marco, dispuso que “el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”.
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En el texto oficial, el Gobierno argumentó los cambios asegurando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.
Asimismo, sostuvo que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.
Al respecto, indicó que dicha situación crítica “se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
La privatización del agua, considerado un derecho humano, es parte del entramado de abandono estatal del gobierno de Javier Milei, habilitado por la Ley Bases. Sin embargo, en términos estrictamente económicos, no responde a ninguna lógica, debido a que la empresa viene mostrando superávit (el propio Gobierno lo reconoció en la página web oficial de AYSA), lo cual contradice la dinámica de la actual la gestión que, cada vez que desea eliminar un beneficio o derecho humano o servicio a la población, lo hace bajo los (falsos) argumentos de la pérdida que generan a la población.
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En la web de AYSA afirman: "Entre los principales resultados, la empresa ha demostrado un importante crecimiento en sus ingresos por servicios, que pasaron de $519.378 millones de pesos* en 2023 a $907.353 millones de pesos en 2024, gracias a la implementación de una adecuación tarifaria y a un programa de mejora de cobrabilidad y regularización de deudas.
En paralelo, en términos de eficiencia, los gastos de explotación se redujeron de $690.063 millones de pesos en 2023 a $638.116 millones de pesos en 2024, reflejando una gestión más eficiente de los recursos".
Más allá de ello, en medio de la creciente crisis económica donde, por ejemplo, el salario mínimo ha perdido al menos un 32% desde que asumió Javier Milei, siendo la pérdida más crítica de los últimos veinte años.
Entonces, el riesgo de demoras en los pagos de servicios y el consecuente corte de servicio habiitado con la privatización (con excepción de hospitales y cárceles), es una realidad que peligra a los sectores de trabajadores y, esencialmente, a los sectores más vulnerables.
