Sin eufemismos: terrorismo de Estado en la Colombia de Iván Duque. Más organizaciones denunciaron desapariciones, torturas y la existencia de fosas comunes las últimas horas en el marco de las protestas antigubernamentales en ese país, absolutamente blindado por Estados Unidos y los medios hegemónicos regionales, mientras la Fiscalía informó que son 290 las personas halladas que habían sido reportadas como "no localizadas" y subrayó que aún buscan a otras 129.
El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), publicaron ayer un informe donde revelan denuncias de sitios utilizados por paramilitares y policía para detención, tortura y hasta desapariciones de manifestantes en Cali, una de las ciudades más reprimidas desde que estallaron las protestas del 28 de abril.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos aseveran que desde el 2 de mayo, cuando el Gobierno de Iván Duque ordenó la militarización de las ciudades más activas en las protestas, se tienen denuncias de que el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali es utilizado presuntamente como centro encubierto de operaciones por parte de la fuerza pública.
Según el informe, "algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos (de la CAM) y horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas" que, al parecer, "hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad". En alguno de estos vehículos "se habrían llevado jóvenes en horas de la noche a la localidad de Mulaló", cerca de Cali, citó Agencia Télam.
"Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos", alerta el texto. Otros testimonios indican que algunos de los jóvenes detenidos "reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, habrían sido 'ajusticiados' en Guacarí o en Buga", también cerca de Cali.
Por su parte, el sábado pasado, la concejala de Cali, Ana Erazo, publicó en su cuenta de Twitter que le habían llegado videos de cuerpos hallados en el río Cauca y apuntó: "Lo que temíamos empieza a suceder". Erazo le pidió al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, conformar una "comisión de verificación sobre denuncias en Mulaló y posibles fosas".
La semana pasada ya hubo denuncias sobre la supuesta existencia de un centro de tortura de la Policía en predios de un almacén de cadena en la capital del Valle del Cauca, informó El Tiempo. Según un listado realizado por la Universidad del Valle, hay 120 personas personas dadas por desparecidas, en tanto que la Mesa de Trabajo por la Desaparición Forzada respalda la cifra de 471.
La Fiscalía General de Colombia informó por su parte que fueron halladas 290 personas que habían sido reportadas como "no localizadas" como consecuencia de las protestas, pero que todavía había otras 129 en esa condición.
"Los relatos brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional, dada la forma como han operado desde el 28 de abril hasta hoy", indica un documento de la CIJP .
También EEUU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamaron al Gobierno de Colombia que localice cuanto antes a las decenas de personas desaparecidas, después de que Bogotá denegara la entrada al país de funcionarios de organismos internacionales que desean verificar la situación humanitaria.
Las protestas comenzaron el 28 de abril en contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno, que fue rápidamente retirada del Congreso. La respuesta del Estado fue reprimir con la fuerza púbica, lo que dejó más de 50 muertos, centenares de heridos y al menos 21 víctimas de violencia sexual, según cifras de la ONG Temblores, aunque oficialmente, la Defensoría del Pueblo da 42 fallecidos.
Asimismo, distintas ONGs denunciaron el accionar de grupos paramilitares contra la movilización social. El hecho más conocido fue el ataque a la minga indígena por parte de ciudadanos armados en Cali, pero estas prácticas se registraron en distintos puntos del país.
LA DELEGACIÓN ARGENTINA
Una delegación argentina que integra la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos viajó esta mañana hacia Bogotá, con el objetivo de "acreditar, relevar y visibilizar la situación" que atraviesa Colombia "en el mismo territorio", por lo que se propone recorrer el país golpeado desde fines de abril por una movilización en las calles y denuncias de represión a las protestas y abusos policiales.
La idea de la delegación argentina es permanecer en Colombia hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades de magnitud importante en materia de movilizaciones, pero también de las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad.
La Misión se decidió "ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del Estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente -según se denuncia - frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano", explicaron los organizadores del viaje.
Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El pronunciamiento de la delegación destaca que es "imperioso contribuir al cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos".
Destaca además que "las necesidades de los pueblos son esenciales y deben satisfacerse, nunca desoírlas y mucho menos reprimirlas".
Después de la recorrida, el grupo se propone "elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacionalmente tal como prevé el protocolo de Estambul suscripto por el propio Estado colombiano".
En la delegación están Juan Grabois (Patria Grande-Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano), Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).
Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.
