Todo listo para el inicio de un juicio que intentará saldar una de las tantas heridas abiertas por la última dictadura cívico-militar. Se trata de otro de los casos de complicidad civil y responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.
Comienza el juicio “Acindar” por la represión ilegal en Villa Constitución. Entre los 22 acusados hay dos ex directivos de la empresa siderúrgica Acindar, ex miembros del Ejército, la Policía Federal y de Santa Fe y Prefectura por su responsabilidad en delitos contra 67 personas a partir de marzo de 1975.
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Este lunes a partir de las 10, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario comenzará a juzgar a 22 acusados por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad santafesina de Villa Constitución a partir de marzo de 1975.
Entre los imputados se encuentran Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, ex directivos de Acindar, junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios que tuvieron como víctimas a 67 personas.
La audiencia se realizará de manera presencial en la sala del TOF 1, en el primer piso de Oroño 940, y se podrá seguir en vivo a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JZBvrp1tpNQ
La causa abarca la represión ilegal en la localidad de Villa Constitución desatada sobre un amplio arco de trabajadores y trabajadoras, militantes políticos y sindicalistas como respuesta a un creciente activismo político y sindical que vivía la zona y que había desembocado en las protestas y paros conocidas como el “Villazo” de 1974 y en la llegada de activistas sindicales combativos a la conducción de la UOM local.
El gobierno nacional denunció la existencia de un complot subversivo y a partir del 20 de marzo de 1975 llevó adelante una ocupación por fuerzas represivas de la ciudad que apuntó sobre todo a los trabajadores metalúrgicos de Acindar y de las otras fábricas de Villa Constitución.
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Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.
Durante la investigación judicial, con el aporte imprescindible de las y los sobrevivientes, se logró probar el rol central que tuvo la empresa en esos crímenes: confeccionó listas de personas a detener, permitió el ingreso de los grupos de tareas a la fábrica para realizar secuestros y aportó información para identificar y ubicar a las víctimas en sus domicilios. También dispuso espacios físicos de la planta para el funcionamiento de un centro clandestino de detención, en el denominado Albergue de Solteros, cedió vehículos y viviendas para las fuerzas represivas y abonó un sobresueldo a las fuerzas de seguridad.
Hasta 1976, la siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, luego designado ministro de Economía por la dictadura, y su lugar en el directorio fue ocupado por el general Alcides López Aufranc.
Los dos imputados civiles, Pellegrini, ex jefe de relaciones laborales de la siderúrgica, y Torralvo, empleado jerárquico, son los dos únicos responsables empresariales que llegaron a juicio oral. Son muchos los testimonios que los mencionan como los nexos directos entre la empresa y las fuerzas represivas. Otros posibles imputados civiles fallecieron antes de que el proceso judicial avance respecto a su responsabilidad o fueron apartados por problemas de salud, lo que muestra la resistencia del poder judicial a investigar estos casos.
El resto de los acusados son ex militares del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, sede del Área Militar 132; ex miembros de la Policía Federal de la Delegación Rosario y de la Dirección General del Interior; ex integrantes de la Prefectura Naval de Rosario y de Villa Constitución y ex policías de la Provincia de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas.
El avance de las causas por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad son una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos. Por tratarse de actores civiles y económicos, son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial y las que más demoras registran. Es por eso que se les dio un fuerte impulso en todo el país para evitar que haya impunidad y para que las víctimas puedan conocer la verdad y puedan acceder a la justicia y reparación en un plazo razonable.
Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por su participación en el terrorismo de Estado 1200 genocidas. Para más información, podés ingresar a juiciosdelesahumanidad.ar.
