Reducción de la jornada laboral: un debate urgente condicionado por el proceso electoral

Casi 100 años nos distancian de la instauración de la jornada laboral de 8 horas en la Argentina. La ley 11.544 de 1929, que rige actualmente, indica en su artículo 1° que “la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales”.

El pasado 2 de mayo la CGT expresó, en un documento leído en el acto conmemorativo del Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, que “el sindicalismo se pone al frente de discutir un modelo de relaciones laborales que nos coloquen en un mundo que debate la reducción de la jornada de trabajo, para generar más empleo y distribuir mejor los beneficios extraordinarios del capital”.

Esos no son los únicos argumentos a la hora de fundamentar un cambio en la legislación argentina. Desde los primeros años del siglo XXI se debate en el mundo la necesidad de equilibrar la vida laboral con la vida personal. Hacia 2005 la mitad de los países en el mundo

establecían una jornada semanal de 40 horas, mientras que en América Latina la jornada de 48 horas a la semana continúa siendo predominante, tal es el caso en nuestro país.

¿Mismo sueldo por menos horas? Arranca el debate por una reducción de la jornada laboral

Estudios de la OIT, en los que recomiendan una semana laboral de 40 horas, admiten que el desafío “es conciliar las necesidades de las empresas de incorporar cierta flexibilidad que contemple sus ciclos productivos y la expectativa de los trabajadores de mejorar su calidad de

vida en aspectos tan importantes como la familia y la educación, entre otros”.

La regulación del tiempo de trabajo no se limita a establecer la duración de la jornada ordinaria o de la semanal, sino que también determina la extensión máxima que puede tener la jornada extraordinaria y el tiempo de descanso. La necesidad de abrir el debate para modificar las regulaciones laborales en tanto derechos conquistados, trae a la mesa de discusión dos paradigmas.

Desde el liberalismo insisten en debatir modificaciones bajo la flexibilización precarizadora en el ordenamiento de procesos y la productividad, según los intereses del capital. Lo que muchos llaman “volver a condiciones del preperonismo”.

Amparados en el paradigma de la transformación productiva con equidad, la propuesta de reducción de la jornada laboral con el mismo sueldo, concibe la distribución del trabajo y la distribución del ingreso. Esto mismo conformarían variables para concretar más empleos de calidad desde la perspectiva de derechos de las y los trabajadores.

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A estas instancias el debate en el Congreso Nacional se encuentra en gateras. En el oficialismo despliegan una serie de proyectos para reformar las leyes de Jornada Laboral y la de Contrato de trabajo. El diputado Hugo Yasky, líder de la CTA, propone una semana laboral con un

máximo de 8 horas diarias y no más de cuarenta horas semanales, en línea con las recomendaciones de la OIT y las recientes medidas adoptadas en Chile, que reduce a ese tiempo de manera gradual las horas de trabajo en un plazo de cinco años.

La diputada Claudia Ormachea, dirigente de la Asociación Bancaria, presentó en 2022 una propuesta que busca la disminución del límite semanal que no supere las 36 horas semanales y su proporcional correspondiente a la jornada nocturna e insalubre.

En igual sintonía el proyecto de “Acotación de la duración de la semana laboral” del socialista Enrique Estévez acuerda las 36 horas y que la distribución de la carga horaria puede ser heterogénea, hasta un tope máximo de 8 horas diarias.

El proyecto del franciscano Eduardo Valdez trae al debate la posibilidad de acortar la semana laboral. Indica en su artículo 1º que “la duración del trabajo no podrá exceder de seis horas diarias o treinta horas semanales”. Con "una jornada máxima diaria salubre” que podrá ser

ampliada a siete horas y treinta minutos diarios siempre que las tareas se desarrollen exclusivamente en cuatro días entre lunes y viernes” y deberá distribuirse entre nuevas trabajadoras y trabajadores.

Fundamenta esta iniciativa los resultados difundidos por la ONG “4 Day Week Global” (4DWG, Semana de cuatro días mundial), la cual demuestra que “aquellos que redujeron su jornada laboral mejoraron no sólo la productividad sino también la salud de los trabajadores y sus

familias y es favorable para el reparto más equitativo de las tareas de cuidado entre madres y padres.

Gales busca implementar la jornada laboral del 4 días con los mismos sueldos

En países del norte global se están aplicando legislaciones nacionales en este sentido, tal es el caso de Bélgica, y se realizan pruebas en Reino Unido, Islandia, España y en empresas canadienses y estadounidenses. Los estudios demuestran que es posible reducir la jornada

laboral sin que las empresas vean mitigada su productividad, a la par que mejoraban la salud mental y física de sus empleados. En Argentina empresas tecnológicas se sumaron a estas modalidades y son evaluadas por la organización “Great Place To Work”.

El proyecto del bloque del PTS con la firma del diputado Del Caño también estipula la semana laboral de 30 horas y cuatro días de trabajo. “La reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados abre un horizonte para mejorar la vida de las mayorías que habitan el país”, enuncian los firmantes.

Mientras que en el Senado, el kirchnerista Mariano Recalde presentó el mismo 1º de mayo una serie de modificaciones en la legislación laboral, entre ellas la propuesta que disminuye la jornada de 48 a 36 horas semanales promoviendo la semana laboral de 4 días, junto a la reducción de todos los máximos legales: régimen diurno, nocturno, insalubre y regímenes especiales. Estas mejoras van en sintonía con “la necesidad de adecuar la legislación laboral a múltiples cambios sociales y tecnológicos en los últimos años, en camino a ampliar derechos, no eliminarlos como proponen algunos sectores”, afirmó el propio Recalde en sus redes sociales en claro tono electoral.

Aun así, en ninguna de las Cámaras existe agenda formal para analizar los proyectos, aunque Hugo Yasky adelantó en declaraciones radiales que habrá posibilidades de tratamiento durante esta semana la Cámara baja.

El tema podría hacerse lugar durante el proceso electoral. Sabemos bien que este contexto puede clausurar o amplificar la discusión. Habrá que reparar si la voluntad en el reclamo de las centrales obreras provocan la presión necesaria o, en tal caso, se trasforme en leitmotiv de

candidatas y candidatos. Aun así los escenarios de debate serán más amplios que el propio Congreso de la Nación.

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La dimensión que abre este debate contiene una heterogeneidad de cuestiones, desde la posibilidad de distribuir más equitativamente la renta de las empresas, mejorar las dinámicas de contratación, dar respuestas progresistas que tiendan a erradicar el trabajo informal,

precarizado, la desocupación, hasta en qué ámbitos será posible aplicar la legislación.

Sin olvidar las condiciones desiguales que afectan a mujeres y personas que cuidan, quienes sufren la sobrecarga de tareas y la necesidad de elegir trabajos con menor carga horaria o precarizados para atender responsabilidades inmediatas del cuidado.

En medio de la desfavorable situación de la macro y la microeconomía y el sensacionalismo de los discursos regresivos, esta discusión que retoma reivindicaciones por la mejora de la calidad de vida de las y los trabajadores, en un mundo con conglomerados globales que concentran la riqueza, es un buen indicio para retomar la narrativa de ampliación de derechos por parte del campo popular.