En una nueva medida destinada a destruir todo lo construido por el Gobierno de Cristina Kirchner, el presidente Javier Milei oficializó este miércoles a través del decreto 1018/24, la disolución del Fondo Fiduciario Público "Pro.Cre.Ar", un programa que, desde 2012, facilitó el acceso a la vivienda única familiar mediante créditos hipotecarios en cuotas accesibles.
En los considerandos, y a pesar de las cientos de miles de casas y créditos que se otorgaron, Milei acusó que con el Pro.Cre.Ar hubo:
- Demoras en la entrega de viviendas, que generaron costos adicionales en mantenimiento y vigilancia.
- Problemas de habitabilidad en las unidades entregadas, lo que se tradujo en reclamos constantes de los beneficiarios.
- Falta de transparencia y eficiencia, que contrasta con la necesidad de mejorar la administración pública en tiempos de recortes presupuestarios.
El decreto enfatiza que la financiación de la construcción de viviendas es, principalmente, una actividad que debería estar en manos de instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. En este sentido, el Gobierno sostiene que, tras las reformas del Banco Central para reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, es el momento adecuado para que el Estado deje de intervenir en el sector inmobiliario.
Kicillof cuestionó al gobierno nacional por el cierre del PROCREAR
El Ministerio de Economía será el encargado de realizar la liquidación del fondo, siguiendo las disposiciones del decreto y de los contratos existentes. Esto incluye la administración de bienes inmuebles del Pro.Cre.Ar y la posibilidad de transferirlos a provincias, municipios y otros organismos estatales en caso de que ya no estén en uso.
Además, los inmuebles de titularidad fiduciaria, que no cuenten con contratos vigentes, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Una de las principales preocupaciones de los beneficiarios actuales de Pro.Cre.Ar es qué ocurrirá con sus créditos hipotecarios. En respuesta a esto, el decreto establece que el Ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para asegurar la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución ya pactadas. Así, los titulares de estos créditos no verán alteradas sus condiciones de pago o financiamiento.
