El Gobernador de Chubut Ignacio Torres publicó un video en sus redes sociales en contra del colectivo trans, en el que advirtió que elevará una denuncia al juez Santiago Martín Huaiquil por haber ordenado a la obra social provincial Seros cubrir al 100% una cirugía estética de feminización.
Tras los discursos de Milei, un hombre incendió la casa de una pareja de lesbianas
Para el mandatario, que el año pasado tuvo sus minutos de fama por confrontar al presidente Javier Milei y luego dar marcha atrás, el hecho de que un magistrado ordene el cumplimiento de la Ley 26.743 (Ley de Identidad de Género) es pasible de una denuncia, y en un uso de total demagogia, el gobernador chubutense implementó el mismo discurso que se utiliza desde el Gobierno nacional de necesidad de reducir el gasto, pero incluso fue más lejos, al comparar el costo de la cirugía de feminización con el valor de los tratamientos oncológicos (que dicho sea de paso, a raíz de la decisión del Gobierno libertario de frenar el envío de medicación oncológica, ya fallecieron 60 pacientes).
Según Torres, el fallo de Huaiquil pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud provincial y, siempre en línea con el discurso libertario (que justifican sus medidas ideológicas de ajuste planteando potenciales riesgos) aseguró que no va a permitir un "juez ideologizado y populista" provoque el colapso de la obra social provincial.
Los divagues y la violencia de Milei durante su discurso en Davos
En contra de toda ley, Torres advirtió que va a revisar otros amparos judiciales y fallos que ordenen a Seros cubrir prestaciones de este tipo.
"Cada vez que nos encontremos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, vamos a dar todas las peleas necesarias", concluyó.
Por las dudas, le recordamos a Nacho Torres, que en lugar de denunciar a un juez por cumplir con la Ley de Identidad de Género, en todo caso, debería denunciarlo por incumplirla.
También le recordamos al gobernador que el colectivo travesti trans no puede ser el objeto de sus recortes estatales y que, entre sus principales aspectos, la normativa que pretende incumplir, incluye garantizar el acceso a tratamientos de salud, sin necesidad de autorización judicial o administrativa, así como el reconocimiento del derecho a la salud integral y el acceso a intervenciones quirúrgicas y hormonales.
