Un informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación reveló que el 73 por ciento de las mujeres travestis y trans que están alojadas en cárceles federales afronta una causa relacionada al comercio de estupefacientes, y que la gran mayoría sufrió algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad o de la Justicia, ya que no respetan el género autopercibido durante la prevención y diligencias posteriores.
Los datos surgen de un estudio elaborado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF) que relevó la situación de 105 mujeres travestis y trans y 4 varones trans entre 2013 y 2019, con el objetivo de analizar la repercusión de la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) sancionada en mayo de 2012.
El estudio se basó en tres métodos de recolección de la información: por un lado, la digitalización de expedientes, con la colaboración de fiscalías y juzgados; la recopilación de resoluciones judiciales del Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); y a través de la realización de 34 entrevistas a personas travestis y trans que se encuentran detenidas en la cárcel de Ezeiza.
Según las fuentes, el 73 por ciento de las mujeres travestis y trans (77 casos) fueron imputadas por delitos relacionados con estupefacientes, mientras que en el 17 por ciento (18 casos) lo fueron por delitos relacionados con la ley de trata de personas y en el 6 por ciento (6 casos) por delitos contra la propiedad, específicamente robo y hurto en sus diferentes modalidades.
En cuanto a las infracciones de la Ley de Drogas, el 38% de los casos fueron por comercio agravado, el 24% por tenencia con fines de comercialización, el 21% por comercio simple, el 7% por tenencia simple, el 3% por transporte y el 1% por entrega de estupefacientes a título gratuito.
El informe señala la existencia de un contexto con características comunes en la mayoría de las causas relacionadas con el comercio de estupefacientes, entre las cuales se destacan el ejercicio de la prostitución en la vía pública, la venta directa de la droga a los consumidores y el narcomenudeo como una herramienta para subsistir económicamente.
De esta manera se demuestra la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y lo importante de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans para que este sector de la población no se vea obligada a realizar trabajos de explotación sexual o de narcomenudeo.
Por otro lado, la investigación del MPF señala que, en la gran mayoría de casos, "las fuerzas de seguridad no respetan el género autopercibido de las personas travestis y trans "durante la detención, situación que se evidencia en los sumarios policiales donde "no suele corresponderse con el género autopercibido de las personas, sino que replican el nombre que figura en el DNI".
Esto también se relaciona con "los obstáculos desde lo social, normativo e institucional para hacer efectivo el derecho a la identidad de las personas travestis y trans", ya que en el 84% de los casos no pudo acceder a su nuevo DNI que refleje su género autopercibido.
También, un 68% de las encuestadas consideró que fiscales y jueces no tuvieron en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las personas travestis y trans al momento de tomar las decisiones en los procesos judiciales en su contra. Esto se ve reflejado en el alto porcentaje (90 por ciento) del dictado de prisión preventiva para las mujeres travestis y trans, en las que las autoridades judiciales se justificaban en la falta de arraigo en un hogar, la imposibilidad de acceder de trabajo formal -solo el 22% pudo acceder a un trabajo formal- y la posibilidad de fuga a su país de origen, ya que el 60% de las detenidas travestis y trans son extranjeras.
