Un repudio contundente generó el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró que el Gobierno porteño no está obligado a garantizar vacantes en las salas de 2 y 3 años de los establecimientos educativos de gestión pública y que las disponibles deben asignarse con prioridad a las familias empobrecidas que no pueden pagar una escuela privada.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió este viernes sobre el impacto negativo que generaría la sentencia. "Podría dar lugar a que se mantenga en el tiempo un sistema segregado y discriminatorio en el que niñas y niños accederían a la escolarización en instituciones de gestión pública o privada según los recursos de sus familias", señaló organización en un comunicado.
"Luego de un año en el que se profundizó la desigualdad educativa, poner en cuestionamiento la posibilidad de acceder a la educación desde una temprana edad y sin discriminación implica poner en riesgo los derechos de miles de niñas y niños de la Ciudad", advirtió la Asociación sobre la decisión judicial, además, en este contexto especial de pandemia.
El TSJ falló que la administración porteña -encabezada por Horacio Rodríguez Larreta- no está obligada a garantizar vacantes en las salas de 2 y 3 años de los establecimientos educativos de gestión pública y que las disponibles deben asignarse con prioridad a las familias en condiciones vulnerables.
Para la ACIJ la decisión judicial "es absolutamente regresiva respecto de los compromisos asumidos" por el Gobierno porteño durante el segundo mandato de Mauricio Macri como alcalde porteño. En aquel entonces la Ciudad había reconocido la falta de vacantes en las escuelas públicas y se había comprometido a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días y hasta los 5 años, a través de un plan de obras sostenido y financiado en el tiempo.
"Sin embargo -indicó la ACIJ-, esta situación empeoró debido a que en 2019 se le negó el derecho de acceder a la educación inicial a 9.120 niñas y niños, lo que implicó un agravamiento del déficit de prácticamente 3.500 vacantes en comparación a 2011, año en el cual eran 5.629 niñas y niños quienes encontraron vulnerado su derecho a la educación".
En tanto, desde su cuenta de Twitter, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, había calificado este jueves de "inaudito" el fallo del TSJ. "En vez de interpelar al Gobierno de la Ciudad en la priorización de la inversión educativa, tomó una posición en contra de la defensa de la educación de los niños y niñas", cuestionó el funcionario.
Por último, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) consideró también "anticonstitucional" al veredicto. "El TSJ se posiciona en contra de la Constitución porteña, que en su artículo 24 señala que la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad".
"Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada", sostuvo la entidad en un comunicado.
