Cinco niñxs de un jardín de infantes de la localidad de San Pedro fueron víctimas de un cura y el portero, quienes cometieron abusos sexuales sobre ellxs. La Justicia los condenó pero los sentenciados no irán de inmediato a la cárcel sino que podrán quedarse en sus casas por haber obtenido el beneficio de la domiciliaria.
El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de la ciudad bonaerense de San Nicolás condenó por unanimidad a 15 años de prisión al sacerdote Tulio Matiussi y al portero Anselmo Ojeda. Los hombres fueron encontrados culpables del "abuso sexual simple agravado y reiterado" en ambos casos: uno por ser ministro de un culto y el otro ser un encargado de la guarda de las victimas. Pero según se supo, hasta que la condena quede firme, podrán permanecer en sus domicilios. Asimismo, se aclaró que la preceptora del jardín, María Rubies, fue absuelta por "falta de pruebas".
El Tribunal, presidido por María Elena Baquedano e integrado por los jueces Alejandro López y María Belén Ocariz, sostuvo que hubo una "abrumadora y contundente cantidad de pruebas" expuestas por la Fiscalía y la querella que demuestran que los delitos fueron cometidos por los dos hombres.
En su resolución, los jueces consideraron que los informes de las pericias psicológicas, incluidas las entrevistas de Cámara Gesell, fueron pruebas "claves para determinar los hechos, comprobar que efectivamente los abusos sucedieron y en qué lugares". En esa línea, el fallo resaltó que todos los chicos identificaron en sus testimonios ante sus padres, psicólogos y peritos; y "de manera espontánea y no inducida" a los imputados como los autores de los vejámenes.
Los magistrados pusieron en consideración que en las entrevistas proyectadas de Cámara Gesell los niños contaron que los imputados cometían los abusos y luego les decían que no tenían que contar nada de eso a sus padres. A su vez, se valieron de los informes de los peritos para establecer en su veredicto que los testimonios de las víctimas fueron "coherentes", y que no hubo "posibilidad de implantación de discurso".
Así contradijo los planteos de la defensa, que durante el juicio intentó imponer la estrategia de señalar a los padres de las víctimas como promotores de las ideas de abuso en los niños.
Entre los agravantes de la sanción penal, el Tribunal aceptó el planteamiento de la Fiscalía que tuvo en consideración la corta edad de los niños -entre 3 y 4 años-, que las víctimas fueron varias y que seguramente hubo más niños vulnerados que no pudieron acceder a la justicia.
Además, se señaló como agravante de la conducta que los abusos fueron reiterados ya que se extendieron durante todo el año 2017, destacaron las secuelas físicas y psicológicas que se extendieron en el tiempo y resaltaron la modalidad de ejecución en referencia a la utilización de objetos y tocamientos en los genitales y la pluralidad de actores en esos actos de abuso.
En el caso de la preceptora Rubies , los jueces señalaron que "no hay elementos para probar su coautoría" y basaron su argumentación en que sólo aparece nombrada en el testimonio de una víctima. Sumado a ello que existen otras personas identificadas con el mismo nombre y por sus tareas dentro del jardín no fue posible ubicarla en los lugares donde se comprobó se realizaron los abusos.
Ninguno de los acusados estuvo presente durante la lectura de la sentencia, la cual siguieron desde sus casas mediante una videoconferencia.
Al terminar el proceso, las madres de las víctimas coincidieron ante los medios locales, en que la condena y, "sobre todo" la continuidad de la prisión domiciliaria "no alcanza''. "Los queremos adentro, no en la casa y no vamos a parar hasta verlos en la cárcel". "Fueron cinco años muy difíciles para nosotros pero el daño a los chicos es mayor y será de por vida mientras ellos se van a su casa", remarcaron.
También criticaron la decisión de absolver a la preceptora "porque estuvo muy involucrada", y apuntaron que "se va a apelar la decisión de los jueces". La madre de una de las víctimas, Carla Vitale, consideró que "algo es algo, por lo menos fueron considerados culpables", y valoró: "Llegamos a una condena que no es menor".
En ese sentido, contó que "las caritas de nuestros hijos estaban ahí presentes todo el tiempo y nos dieron fuerza para estar hoy acá". "Necesitamos que se haga justicia para una reparación simbólica de nuestros hijos pero también para la sociedad porque no puede seguir pasando esto que sucede en muchísimas instituciones", sostuvo la mujer.
Unas 60 personas aplaudieron afuera de los Tribunales cuando se conoció la sentencia. Durante el juicio, el fiscal Hernán Granda había solicitado 28 años de prisión, mientras que el abogado Ariel Fusco, apoderado como particular damnificado de cuatro de las víctimas, había solicitado 33 años.
Los hechos que se analizaron a lo largo de las jornadas del debate oral en el TOC2 de San Nicolás, que se inició el 9 de mayo pasado, ocurrieron a lo largo de 2017 en el jardín Belén, un establecimiento educativo y religioso de la localidad bonaerense de San Pedro.
Durante el juicio, se conoció que al menos cinco niños de entre 3 y 4 años sufrieron "tocamientos" de sus zonas genitales en horario de clases, delito que cometían tanto de manera "colectiva" como "individual", con o sin la presencia de otros chicos como testigos.
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