En la previa del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional presentó un informe alarmante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtiendo sobre un deterioro sostenido de la libertad de expresión y de prensa en Argentina. El organismo internacional señala un patrón sistemático de hostigamiento a periodistas, judicialización de voces críticas y restricciones sin precedentes al acceso a la información pública, que amenaza con socavar uno de los pilares fundamentales de la democracia.
“Delincuentes”: Milei volvió a atacar a la prensa
El informe (descargar aquí) documenta el uso recurrente de discursos estigmatizantes desde el más alto nivel del gobierno, que buscan deslegitimar al periodismo crítico y generar un clima de intimidación generalizado. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, fue contundente: "Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho", advirtiendo que estos ataques impactan en el conjunto del debate público y pueden generar un efecto de silenciamiento.
La situación se agravó dramáticamente el pasado 23 de abril, cuando el gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados, tras acusar a dos de ellos de presunto "espionaje". Esta medida, que afecta a cerca de 50 periodistas acreditados, no tiene antecedentes ni siquiera durante la última dictadura militar (1976-1983), según denunciaron los propios reporteros en sus redes sociales.
La imagen irremontable del "fenómeno barrial"
Amnistía Internacional pone especial énfasis en la judicialización de la crítica, señalando el uso estratégico de demandas penales y civiles como mecanismo de presión contra periodistas. Aunque muchas de estas demandas no prosperen, generan desgaste económico y un efecto inhibidor que promueve la autocensura, especialmente entre las mujeres periodistas, quienes enfrentan formas de violencia más intensas con descalificaciones personales y mensajes estigmatizantes.
La libertad atrasa
El panorama se completa con datos preocupantes: Argentina cayó al puesto 87 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras. Además, un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó un aumento del 66% en el número de trabajadores de prensa agredidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas.
“Traidora” y “vergüenza”: interna libertaria entre Villarruel y Ajmechet por Malvinas
Esta no es la primera vez que organizaciones internacionales alertan sobre la situación en Argentina. Ya en noviembre de 2025, la CIDH convocó a una audiencia en la que el gobierno debió dar explicaciones sobre el deterioro sostenido en el ejercicio de la libertad de expresión, tras recibir solicitudes de un amplio conjunto de organizaciones periodísticas, sindicales y de derechos humanos.
Frente a este escenario, Amnistía Internacional solicitó a la CIDH que exhorte al Estado argentino a evitar discursos criminalizantes contra la prensa y a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo. Además, pidió que se evalúe el envío de una misión al país para monitorear la situación y elaborar recomendaciones específicas, una demanda que refleja la gravedad institucional que atraviesa el país.
