El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada contra los organizadores de la marcha de jubilados e hinchas de fútbol del pasado miércoles, que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso.
La presentación fue radicada ante la Justicia Federal, en el juzgado N° 11, y señala como posibles responsables de los episodios de violencia al ex líder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados que, a su criterio, promovieron los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados, a quienes manda a reprimir casi todos los miércoles.
Bullrich justificó el disparo que tiene al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo
En el escrito presentando por el abogado Fernando Soto, el Gobierno busca inhibir el accionar de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos (por falta de pruebas y acusaciones claras) y reclamó que se declarara la incompetencia a la magistrada.
“Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, postularon.
Según Soto, la movilización fue convocada con “consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas”, promovidas por grupos organizados de barras bravas de clubes como Chacarita, Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing de Avellaneda, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, entre otras instituciones mencionadas.
“También convocó a la movilización el exjefe de Montoneros Mario Firmenich a través de un video, aparentemente grabado en España, que se viralizó en redes sociales. Los medios periodísticos informaron la existencia de grupos organizados, ‘profesionales de la violencia’, pagados con la suma de $.50.000 para “provocar disturbios” enfrentando a la policía y generar “represión”. Esos grupos no solo provendrían de las parcialidades del fútbol (“barras bravas”), sino también del gremialismo y de la política”, postularon.
En la misma línea, remarcaron: “Los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.
“Incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero de las 3 Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías”, describieron, y revelaron haber recibido llamados a la línea 134, en el que varios simpatizantes detectaron la presencia de barras bravas de distintos clubes en la protesta.
De todas las personas detenidas al voleo (según consta en varios registros audiovisuales y fotográficos) ninguna incendió ningún vehículo. De hecho, durante los incendios del vehículo policial, la Policía, que se encontraba con un enorme despliegue por toda la protesta, no generó ningún tipo de impedimento para tal acción ni tampoco utilizó el hidrante cuando vio los incendios, tal como hizo cuando se armaron las barricadas con fuego. Es, por lo menos. llamativo.
Asimismo, determinaron como el “principal organizador” de la protesta al histórico dirigente de Chacarita, Leandro Capriotti, al que presentaron como “un amigo y protegido del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo”.
En otro pasaje de la denuncia, hay referencia a los heridos por las fuerzas de seguridad, con especial mención al fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece internado en el Hospital Ramos Mejía producto de una herida en su cabezada provocada por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de forma ilegal e incorrecta.
A pesar de los peritajes realizados por organizaciones de derechos humanos que desmienten la versión oficial, desde el ministerio, insistieron en que el disparo “habría sido lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba el fotógrafo, que estaba ubicado detrás de un objeto incendiado, en el cruce de los proyectiles que arrojaban las personas violentas que estaban detrás suyo”.
Además, pese a las grabaciones en el que se observa a una mujer mayor de edad ser brutalmente golpeada por un efectivo de la Policía Federal, la funcionaria nacional argumentó que jubilada impactó a policía que “giró para defenderse de la agresión, y luego esa mujer cayó al suelo”.
Bullrich no sólo siempre encuentra formas de justificar lo injustificable, sino que miente abiertamente a pesar de las pruebas y, además, aferrada a sus propias versiones, lleva adelante denuncias penales que a esta altura trascienden cualquier lógica.
Cuando un policía arrojó gas pimienta a una nena de diez años, Bullrich lo negó. Pero cuando ya no pudo sostener la mentira, dijo que fue un manifestante quien la había gaseado y luego culpó a la mamá de la nena. Cuando la Gendarmería hizo desaparecer a Santiago Maldonado en 2017, en una protesta junto a una comunidad mapuche, jamás condenó su accionar. Por el contrario, sostuvo que "no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana". Lo mismo hizo cuando Prefectura asesinó al joven Rafael Nahuel.
“La movilización, orquestada previamente para actuar en forma gravemente violenta, buscó impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional, a través del ejercicio del Poder de Policía que ejerce esta Cartera Ministerial", remarcaron, y añadieron: “Constituyó una ‘reunión de personas armadas’ que, bajo el pretexto de ‘atribuirse los derechos del pueblo y peticionar a nombre de éste’, tuvo por objeto impedir a las Fuerzas de Seguridad el libre ejercicio de sus facultades legales”.
Para la cartera que conduce Patricia Bullrich, “la violencia ejercida fue enmascarada en una “protesta social”, cuando en realidad su claro objetivo fue el de ‘desestabilizar’ al Gobierno del presidente Javier Milei”.
